Un fallo del Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena le devolvió 1.636 hectáreas a los koguis, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y ordenó compensar a campesinos y colonos que viven allí. Pero estos dicen que no se irán tan fácilmente.
En pocos lugares del mundo, la naturaleza puso tanto de sí en un solo lugar. Mar, ríos, tierras fértiles y, por si fuera poco, nieves perpetuas. Se trata del territorio ancestral en la Sierra Nevada de Santa Marta, ocupado por cuatro comunidades indígenas: los arhuacos, los kankuamos, los wiwa y los kogui.
Esa riqueza no ha pasado inadvertida para mestizos, colonos y grupos irregulares, que encontraron allí el mejor escenario para sus actividades ilícitas. A mediados de los años 90 comenzaron las confrontaciones entre las Farc, el ELN y las AUC por el control del territorio, deforestado para cultivar coca, con facilidades para mimetizar laboratorios y con el mar a tan solo unos pasos. A su vez, el Ejército Nacional, en el ejercicio de su lucha antidrogas, bombardeó sitios sagrados causando daños ambientales.
En medio de este violento panorama fueron asesinados y desaparecidos varios miembros de la comunidad kogui. En la zona han sido encontradas fosas comunes y paramilitares como Jorge 40 perpetraron allí asesinatos selectivos y desapariciones.
El pasado 26 de septiembre, las tres magistradas de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, emitieron un fallo que ordenó la ampliación del resguardo kogui en 1.636 hectáreas.
Pero la decisión judicial va más allá de la devolución de la tierra y ordena una restitución integral de sus derechos. En un plazo no superior a un año, Corpoguajira, el Ministerio del Medio Ambiente, la Alcaldía de Dibulla y la Gobernación de la Guajira deberán formular un plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río ancho, afluente que baña este territorio. También deberán instalarse vallas para informar que el terreno restituido es de la comunidad kogui de Tugeka y las autoridades ambientales deberán concertar con los indígenas las medidas necesarias para reparar los daños ambientales causados por la siembra de cultivos ilícitos y la instalación y bombardeo de laboratorios de cocaína.
A su vez, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Ministerio de Cultura deberán coordinar con el pueblo kogui la caracterización y protección de los lugares sagrados y formular un plan de salvaguardia y declaratoria de los mismos como bienes de interés cultural y patrimonial. El Centro de Memoría Histórica deberá documentar los hechos victimizantes a los que fue sometido el pueblo kogui de Tugeka y la Unidad Nacional de Protección deberá garantizar la seguridad de las autoridades y la comunidad kogui.
José María Conchacala Mujica, coordinador general del resguardo kogui le manifestó a CAMBIO su satisfacción por la decisión judicial: “este fallo es muy importante para nosotros; desde 2004 teníamos el anhelo de recuperar este espacio, es muy importante para la comunidad, para nuestro pueblo”.
Ahora viene para la comunidad kogui una enorme tarea para la recuperación y protección del territorio restituido: “Este es el corazón del mundo, es un pulmón que nosotros tenemos la obligación de proteger”, le dijo el líder índigena a CAMBIO.
¿Y qué pasa con los campesinos?
El fallo deja feliz a los koguis pero preocupado a un grupo de campesinos.
Blas Emiro Martínez es un campesino de espalda ancha, piel cuarteada por el sol y una sonrisa generosa. Él y su familia fueron desplazados de la vereda Manzanares en Palomino, Guajira, en 2005.
Blas Emiro abandonó su parcela en medio de enfrentamientos entre grupos ilegales y tiene claro que esa decisión le permitió vivir para contarlo: “Cuando llega la violencia y arrancan esos combates, uno prefiere dejar todo tirado antes de perder la vida. Los que se quedaron allá ya no existen, los que estamos vivos es porque salimos”.
En 2005, el Incoder desenglobó un predio en la zona y adjudicó parcelas a la familia de Blas Emiro y a otras 33. A Blas Emiro se le ilumina la cara cuando habla del terreno que le adjudicaron: “La primera vez que vimos esa tierra nos ilusionamos mucho, tan rica, con tanta agua”. Pero comenzar allí no fue fácil. En el momento de la adjudicación, había aún presencia de grupos ilegales y solo un tiempo después los campesinos pudieron entrar y empezar a trabajar los terrenos con los que el Estado les compensaba por su condición de víctimas.
Eneida Maldonado, otra campesina, habla del enorme esfuerzo que ha presentado poner a producir su parcela. Cuando llegó, no había carretera y tenía que llegar a pie. Hoy tiene cultivos de aguacate, café y coco. Sus parcelas están a veinte minutos de una vía principal y cuentan con las aguas abundantes y cristalinas del río Ancho. Hace apenas una semana, contratistas de la gobernación de la Guajira terminaron las obras de una placa huella.
Por eso, la sonrisa generosa de Blas Emiro se apaga cuando se le pregunta por el fallo del Tribunal de Cartagena. Las tierras que les adjudicó el Incoder están ubicadas en un predio llamado Campanas de las Vegas, el cual ya estaba incluido desde 2001 en zona de ampliación de la reserva Kogui.
El fallo actual deshace la adjudicación hecha por el Incoder y ordena compensar a los campesinos. “Siempre hay una tensión de derechos, pero lo que se trató de hacer fue un fallo en equidad que respete el derecho del pueblo indígena a su territorio. El territorio para el pueblo indígena no es solamente la tierra y eso es lo que hay que entender. Allí no sólo está la tierra, está la cultura, la tradición y el respeto. Pero no se pueden afectar los derechos de los campesinos que recibieron estas tierras, porque el propio Incoder les entregó sus títulos. Todas estas personas en el fallo resultan compensadas. A algunos se les entregará dinero y a otros otros predios”, aseguró Ada Lallemand Abramuck, magistrada sustanciadora del fallo.
Fuente: Cambio