Una investigación de la Universidad de los Andes evidenció que la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras en los territorios de la mano de la Fuerza Pública ayudó a reducir la violencia y mejoró la calidad de vida de las víctimas con la presencia institucional.
Una investigación de la Universidad de los Andes evidenció que la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras en los territorios de la mano de la Fuerza Pública ayudó a reducir la violencia y mejoró la calidad de vida de las víctimas con la presencia institucional.
Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía, la disminución de la violencia en los territorios intervenidos a través de la Política de Restitución de Tierras y la seguridad se evidencian como uno de los componentes centrales de la misma.
Según la investigación, “la intervención de la política de restitución de tierras evitó el crecimiento de la tasa de asesinatos de líderes sociales en 2,1 veces desde el cese al fuego con las Farc”.
Igualmente señala que a partir de 2015 “se empezó a ver una disminución en los asesinatos de líderes sociales en los municipios que fueron intervenidos por la política de restitución y ese efecto está concentrado en los municipios en donde la institucionalidad llegó con más presencia en los territorios”, explicó el investigador Lucas Marín, uno de los autores del estudio.
En su opinión, en ausencia del programa, el cese al fuego no sería suficiente para reducir los asesinatos y la violencia.
Agregó que este resultado se explica por la combinación del desescalamiento del conflicto, la retirada de los grupos que ejercían control y la llegada efectiva de los servicios Estado en esos territorios.
“Nuestros resultados sugieren que en las intervenciones de política pública que se hagan en los municipios marginados y afectados por el conflicto armado es fundamental tener en cuenta un enfoque de seguridad y de inteligencia antes de la intervención para poder garantizar la estabilización de los territorios”, dijo el investigador.
En el estudio igualmente se analizó la inscripción en el Registro de Tierras pues ese es el momento clave en que el Estado empieza la intervención del territorio, tanto con presencia institucional como con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Es así como en el actual gobierno se han inscrito 9.202 casos y en la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras un total de 31.671.
Según el reporte, entre los municipios en donde se ha visto la transformación de los territorios y que se incluyen en los que tienen el mayor número de solicitudes inscritas en el Registro son: Valle del Guamuez, Putumayo; Ataco, Tolima; El Tablón de Gómez, Nariño; Valencia, Córdoba; El Carmen de Bolívar, Bolívar y San Carlos, Antioquia, entre otros.
El estudio además concluyó que la formalización de los derechos de propiedad y la política de restitución mejoran las condiciones socioeconómicas de los hogares, aumentan la confianza entre miembros de la comunidad y reducen las dinámicas asociadas a economías ilícitas y de violencia.
Fuente: El Tiempo